DR. JUAN CONTRERAS T.
A
partir de la Carta Fundamental de 1993 y en el contexto del intenso proceso de
globalización neoliberal se ha instalado en el Perú una nueva organización
político-estatal que destaca la primacía del mercado y el poder incontrolable
del capital transnacional sobre la economía peruana. Refiriéndose a este tema
Oscar Ugarteche sostiene que en el Perú subsiste una arquitectura económica
diseñada por el Banco Mundial y el FMI dentro de un marco de democracia
vigilada, seguida de un golpe de Estado. (Ref: “Adiós Estado, Bienvenido
Mercado”, Fondo Edit. San Marcos, Lima, 2004, pg. 6).
La
diferencia, acota Ugarteche, es que los países económica y políticamente
fuertes que imponen estas medidas a través de los organismos financieros tienen
un Estado vigoroso con una participación significativa en la economía, sin los
cuales no sería posible la estabilidad política y el éxito económico de sus
países. Ellos cierran sus economías, imponen tasas arancelarias altísimas; pero
exigen a los países del Sur la apertura total de sus mercados, a cambio de la
extorsión crediticia, mientras destruyen la industria nativa. Lo grave es que
nuestras èlites gobernantes aceptan de buena gana esas reglas que aquellos
países no aplican en sus predios. Doble discurso del los estrategas del
capitalismo neoliberal.
Pero,
ese no es la principal característica de nuestro sistema político.
Adicionalmente,
las elites gobernantes se han cuidado de colocar grandes candados a la Carta
Fundamental para imposibilitar cualquier reforma constitucional destinada a
modificar un solo ápice el modelo económico neoliberal consagrado en el Régimen
Económico (Título III) quedando protegidos los intereses de los poderosos
grupos empresariales vinculados en grandes negocios con el Estado peruano. La
derogatoria de la Ley Pulpin fue resuelta en el contexto de las atribuciones
del Congreso de la República (art. 102), pero ese es otro tema.
Los
legisladores de la Carta de 1993, conscientes de la reacción que el modelo
neoliberal fuera a provocar sobre el interés nacional y los sectores
directamente afectados, tuvieron la interesada agilidad para establecer en el
art. 206 (De la Reforma de la Constitución) una clàusula que obligaba a obtener
dos legislaturas ordinarias sucesivas con el voto favorable, en cada caso, superior
a los dos tercios del nùmero legal de congresistas. En los hechos un imposible
político y jurídico por la presencia en el Congreso de representantes
directamente vinculados a grupos empresariales dedicados al negocio de la
educación, a saber, los grupos Acuña, Interbank, entre otros. Incluso el
autodenominado Partido Comunista del Perú (Patria Roja), administrador de los
recursos previsionales de la Derrama Magisterial, dirige una universidad
pedagógica privada en Lima.
La
privatización de la educación en el Perú es un tema que no ha provocado la
debida atención de los partidos políticos, los sindicatos y la ciudadanía en
general. Países como Chile y Colombia vienen procesando serias reformas en este
terreno debido a la presión social, lo cual confirma la eficacia del derecho a
la protesta social. Desde el 2011 masivas manifestaciones estudiantiles en
Chile han obligado a la Pdte. Bachelet a colocar este tema en la agenda
pública, actualmente el Congreso chileno discute urgentes reformas en este
sector y todo apunta, por lo menos a nivel del debate, un severo
cuestionamiento al modelo pro mercado en la educación chilena.
¿Qué
ocurre en el Perú donde no existe un escenario de igual envergadura, capaz de
poner acento en un tema fundamental vinculado al derecho a la educación de
nuestra población?
Tan
venida a menos la educación pública (básica y superior) por la ausencia de un
Estado realmente promotor y tras consolidarse desde el 2012 la prevalencia de
la inversión privada en este sector, el tema de la privatización de la
educación ha sido totalmente relegado a la marginalidad pública, no tiene lugar
en el debate político. Nadie ha puesto atención al carácter marcadamente
mercantilista del art. 15 de la Carta Fundamental, como de la ley de
desarrollo, el Dec. Leg. 882, promulgado durante el régimen fujimorista. Ambos
referentes jurídicos son ajenos a los conceptos de educación inclusiva,
democrática y social, inspirados en las disposiciones contenidos en el
Protocolo Adicional de San Salvador ratificado por el Estado peruano.
Sin
duda, a los gobernantes no les interesa que los efectos de este proceso venga
acentuando la desigualdad educativa y social, sobre todo en el ámbito rural;
tampoco que la escuela pública haya perdido relevancia social y que finalmente
la educación privada hoy capte el mayor número de estudiantes de los niveles
básico y superior en el país. Una reciente encuesta ha revelado que los
peruanos prefieren matricular a sus hijos en los colegios privados. Esto revela
que la educación pública peruana en cualquiera de sus niveles de enseñanza, no
es ya un referente para la sociedad y el Estado ha desaparecido como el actor
principal en este sector, salvo para colocar en remate la infraestructura
escolar -vía las APP- y la promoción de un régimen laboral (LRM) lesivo a los
derechos de los trabajadores de la educación.
Aquí
algunos datos que nos ayudan a apreciar la magnitud del problema que emerge del
proceso de privatización en nuestro país. En el 2011 la inversión privada en
educación ascendió a S/.14,057 millones de nuevos soles, equivalente al 2.8%
del PBI.(68). En el mismo año el presupuesto público de educación ejecutado alcanzó
una cifra casi similar a S/. 14,551 millones de nuevos soles, equivalente al 3%
del PBI. Estas cifras, sin duda, confirman el norte decididamente privatizador
de la educación en el Perú.
Las
investigaciones publicadas por INIDEN de fines del 2012 revelaron que hacia
fines de los 90 el 85% de la matricula del sistema educativo era atendida por
el sector público y el 15% por el sector privado. La cobertura educativa del
sector privado alcanzo una marcada evolución en el periodo 2000 al 2011
llegando a captar a 1.097.000 estudiantes logrando desplazar al sector público
que solo alcanzó 1.057.000 estudiantes.
De
otro lado, la expansión de la clase media ha producido un sostenido trasvase
del alumnado de los colegios públicos hacia el sector privado. En el 2012, los
colegios privados captaron en Arequipa el 50.1% de matriculas. Lima tiene el
49% de alumnos matriculados en colegios privados, Trujillo el 44.1%, Callao el
39.7%, Chiclayo el 38.6% e Ica el 30.7%, respectivamente. Sin duda, un marcado
debilitamiento de la escuela pública frente al inversor privado, lo cual
confirma que la escuela pública pobre y abandonada está reservada para los
sectores más pobres del país.
Los
resultados del PISA 2012 organizado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) que ubican al Perú en el último lugar en
matemáticas, lectura y ciencias de un universo de 66 países han puesto en
cuestión el tema de la calidad educativa y demandan un papel más activo del
Estado destinada a maximizar sus logros en los sectores más desfavorecidos con
la finalidad de reducir la creciente fragmentación del sistema educativo. La
ligera mejoría en las evaluaciones PISA correspondiente al 2014 no representa
una ostensible mejora de la calidad educativa. El informe 2014 de UNICEF sobre
el particular nos ha vuelto otra vez a la realidad.
La
proximidad de la huelga nacional del magisterio peruano debe tener el efecto de
colocar la privatización de la educación en la agenda pública, enfatizando el
carácter político de este problema. La educación pública, gratuita y de calidad
es un derecho fundamental de toda sociedad democrática, a la vez, que
herramienta clave para el desarrollo de cualquier Estado. Al magisterio
peruano, a los partidos políticos, sindicatos, a la intelectualidad peruana, a
la sociedad en general le corresponde demostrar que esto no es solo parte del
discurso político, sino un tema de impostergable atención.
