La lucha por la dignidad es una dimensión que los operadores de justicia administrativa de la UGEL 01 no valoran en su exacto contenido constitucional, pese a lo establecido en la IV Disposición Final y Transitoria de la Carta Fundamental que ordena la interpretación de estos conflictos desde una perspectiva pro hominen (pro derechos humanos). No entender esta dimensión significa que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad” (art. 1 C.P.) son sólo letra muerta en nuestro ordenamiento jurídico, sin eficacia alguna.
La HNI del magisterio peruano fue una respuesta a la prolongada marginación económica, laboral y profesional; al incontenible atropello a los derechos e intereses del magisterio peruano por el Estado pro mercado representado ahora por PPK.
En esta lucha miles de maestros -más allá del contenido económico de sus legitimas demandas y la defensa de la educación pública- encarnaron la lucha por la dignidad frente al prolongado atropello estatal. Este valor supremo, según el propio Tribunal Constitucional, “constituye tanto un principio, como un derecho fundamental, de forma similar a la igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional, etc.” (Exp. 2273-2005-HC/TC) que el Estado debe garantizar a plenitud.
Desde la ASOCIACIÓN CASA DE LOS DERECHOS HUMANOS denunciamos el inicio de una escalada represiva que se personifica ahora en el c. Edgar Tello, Sec. Gral. del SUTE Lima y que con seguridad se extenderá contra los maestros huelguistas. No a la represalia administrativa contra el magisterio peruano.
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