El sistema escolar chileno ha permitido que el Estado deje de tener un papel subsidiario, mientras que el mercado ha pasado a ser la instancia reguladora de las actividades en el ámbito escolar.
La concreción de la reforma educacional privatizadora, en Chile, se dio en dos ámbitos diferentes y convergentes: 1. Se cambió la modalidad del financiamiento de la educación y 2. Se descentralizó la administración de la educación a través de la municipalización.
MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
La globalización, como parte de buscar la perennidad del sistema actual, pone en debate educativo la inclusión de palabras y términos económicos como calidad, eficiencia, productividad, privatización, competencia, autonomía, evaluación por rendimiento, toma de decisiones, entre otros, para el consumo educativo como una novedad.
Las reformas educativas y la descentralización, se encargan de este trabajito educativo dirigidos por los organismos internacionales para América Latina y el tercer mundo en general..
La descentralización educativa, en su modalidad de municipalización de la educación, ha sido una de las estrategias que más se ha implementado, motivando con la promesa de mejorar simultáneamente la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación, principalmente en los sectores de extrema pobreza.
Es cierto, se nota movidas, cambios en la mayoría de países; pero ¿Qué de las promesas? Hasta ahora permanecen incumplidas, desde 1980 en que se empiezan a hablar. Chile y Argentina, los más involucrados. Lo único que han logrado es que los padres de familia ayuden en el financiamiento de la educación, liquidar los gremios magisteriales y elitizar aún más la educación. La descentralización no ha combatido el burocratismo ni la inequidad.
Chile
En la década de los 80 en Chile, se traspasaron las escuelas básicas y los liceos de enseñanza media a los municipios, quedando estos últimos encargados de la infraestructura y el equipamiento, de la administración financiera y de los recursos humanos de las escuelas. Esta municipalización del sistema no se limitó a reformar el gobierno y la gestión educativa, sino también a un proceso de privatización mediante la introducción de mecanismos de mercado por los cuales las familias tienen libertad de elección para la escolaridad de sus hijos en establecimientos municipales/públicos, privados subsidiados o privados.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, sancionada en 1990, fija los objetivos generales de los ciclos educativos, y establece que los centros educativos podrán proponer sus propios planes y programas de enseñanza de acuerdo con los contenidos básicos definidos por el Ministerio. A partir de esto, y durante los años 90, se produjo una segunda ola de reformas orientada a reforzar la autonomía de los establecimientos educativos, y, simultáneamente, a apuntalar desde el gobierno las iniciativas tendientes a mejorar los resultados del aprendizaje.
Entre ellas se destacan la creación de redes y de nuevas oportunidades de desarrollo profesional para docentes, el financiamiento por concurso de proyectos de mejoramiento educativo (pme), los nuevos esquemas de evaluaciones e incentivos de rendimiento por escuela (simce y sned(1)), la creación de un paquete de programas compensatorios, y la extensión de la jornada escolar (Delannoy, 2000).
Resultados:
El Colegio de profesores de Chile A. G; en junio del 2006, publicó un importante documento: “La crisis del Sistema educativo Chileno. Diagnóstico y propuestas” y responde a la interesante pregunta “¿Qué es lo que los estudiantes han puesto en el debate nacional?” refiriéndose lógicamente a la huelga y movilización de los estudiantes secundarios chilenos exigiendo la derogatoria de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). La conclusión y respuesta contundente es; “UNA CRISIS DE CALIDAD, INEQUIDAD Y SEGMENTACIÓN SOCIAL”.
Seguidamente los colegiados chilenos informan: “En 1981 la Dictadura Militar inicia la Revolución neoliberal en Chile, la que se consolida durante sus siguientes años de Gobierno. En el ámbito educacional la amarra un día antes de entregar el poder al Presidente Patricio Aylwin, el 10 de marzo de 1991 cuando la Junta de Gobierno promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que bajo el pretexto de la defensa de la libertad de enseñanza, institucionaliza legalmente la educación de mercado”.
Pero, el OPECH “Observatorio Chileno de Políticas Educativas” a través de su documento ¿POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR LA LOCE Y REVISAR LA MUNICIPALIZACIÓN” va a lo más concreto:
“Entre el año 1990 al 2004, se han creado más de 1600 colegios particulares subvencionados y se han cerrado más de 60 colegios municipalizados”
Más adelante sigue con su informe:
“Existe hoy en Chile, cinco sistemas cerrados y excluyentes de administración:
1. El particular pagado,
2. El particular subvencionado con financiamiento compartido (donde los padres pagan cuotas mensuales),
3. El particular subvencionado sin financiamiento compartido,
4. El municipal de comunas ricas y
5. El municipal de comunas pobres” (…)
“los establecimientos particulares subvencionados (salvo honrosas excepciones) aplican procedimientos de selección de alumnos, en desmedro obviamente de los más pobres, pese a recibir una subvención monetaria con plata de todos los chilenos.”
“Un reciente estudio indica que, de los 345 municipios que existen en Chile, sólo 32 cuentan con equipos técnicos especializados en educación, por cierto se trata de los municipios ricos del país”.
Argentina:
En Argentina, las primeras experiencias en materia de descentralización se concretan en 1978 con la transferencia de 6.700 escuelas primarias nacionales a las provincias(2). Una década más tarde se sanciona la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las provincias (1992), donde también se crea el Consejo Federal de Educación (El Consejo está compuesto por todos los ministerios de educación provinciales y por el Ministerio Nacional, que lo preside, y está a cargo de la definición de los principales lineamientos de la política educativa del país) por la cual tanto las escuelas secundarias como los establecimientos de educación superior no universitarios pasan a funcionar dentro de las jurisdicciones provinciales:
3.578 escuelas secundarias nacionales (incluyendo las escuelas técnicas y las privadas con subsidio) pasan a las provincias.
A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación(3) (1993), el sistema educativo cuenta con un nuevo marco general que regula los servicios educativos en estas jurisdicciones.
Argentina es un Estado federal. Su organización política está compuesta por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales.
Las bases legales que rigen la educación nacional están determinadas en la Constitución del país y en las provinciales, en las leyes nacionales y provinciales, y en los decretos y resoluciones de uno u otro.
En función del principio de organización federal del Estado, el art. 5 de la Constitución Nacional Argentina establece que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo y republicano, de acuerdo con los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure […] la educación primaria». El Estado Federal, las provincias, los municipios y los agentes del sector privado, están concurrentemente involucrados en la prestación de servicios educativos.
Resultados
La falta de articulación y de coordinación entre un número elevado de actores contribuyó a una notable atomización del sistema educativo (Repetto y otros, 2001). Por ser Argentina un Estado federal, la educación se ubica en una zona gris, en la que tanto el Estado como las provincias tienen competencias y facultades concurrentes (de Senén González, 1994).
Un proceso de reforma del estado que le ha llevado a ser casi inservible por la burocratización y tortuosidad de un aparato difícil de direccionar y contener. Pero, esta crisis, además, lleva a reducir el gasto público por todos los medios posibles y, aún, en muchos casos, al costo de abandonar atribuciones y funciones sin evaluar cuán elevado pueda ser, socialmente, el precio de tal omisión. Ellos mismos lo dicen, en su último balance. No tienen otro Lea en:http://www.me.gov.ar/democracia.html Estos últimos años la educación en Argentina está peor, donde la intolerancia y la inequidad priman.
En ambos casos, el ahorro del gasto del Estado en educación es evidente, pero, descentralización, calidad, eficiencia y equidad están ausentes.
Estos resultados se consiguen cuando sólo priman la lógica económica y política. El capital gana, pero pierden los niños y el pueblo. Por ello se dice que tienen orientación privatizadora.
La siguiente bibliografía le puede dar más luces:
Carnoy, M. (1999): «Globalization and Educational Reform: what Planners need to know», en Fundamentals of Educational Planning, París, unesco-International Institute for Educational Planning. Delannoy, F. (2000): «Education Reforms in Chile, 1980-98: A Lesson in Pragmatism», en The Education Reform and Management Publication Series I, (1), Washington D.C, World Bank, Human Development Network.
Edwards, B. y Henales, L. (2000): «Neoliberalism and Educational Reform in Latin America», en Current Issues in Comparative Education, 2 (2), Nueva York, Teachers College, Columbia University.
Filmus, D. (1997): «La descentralización educativa en Argentina: elementos para el análisis de un proceso abierto», en Coloquio Regional sobre Descentralización de la Educación en América Central, Cuba y República Dominicana, nov. 3-5, San José, Costa Rica, CLAD.
Nosiglia, M. C.. y Trippano, S. (2000): «Estado y Educación en la Argentina de los ‘90», en Ponencia presentada en el encuentro del año 2000 de la Latin American Studies Association, Miami, marzo, pp. 16-18.
Núñez, I.; Contardo, H. y Castillo, J. (1994): Sistema Educativo Nacional de Chile, Madrid: OEI.
PIIE (1991): La descentralización Educativa y sus desafíos, piie, Santiago, Chile.
Puelles, M. de (1993): «Estudio teórico sobre las experiencias de descentralización educativa», en Revista Iberoamericana de Educación, núm. 3, Madrid, OEI.
Aparte por supuesto de los documentos de la UNESCO.
NOTAS
(1) Programa que provee fondos adicionales a las escuelas que obtienen buenos resultados en las pruebas estandarizadas, en función de una fórmula que combina elementos como valor agregado, equidad de oportunidades, innovación y participación (de Moura Castro y Wolff, 2001). (2) En el período 1970-77 el Estado disponía de más de un tercio del gasto público total destinado a la educación básica, y en el período 1978-85 sólo ejecutaba el 7% del mismo, en tanto que las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ejecutaban el 93% restante. Cabe aclarar que, dado el esquema de coparticipación federal, esto no implicó una reducción proporcional de la participación del Estado en materia de financiamiento de la educación básica (Repetto y otros, 2001). (3) Hasta 1993, el sistema educativo se estructuraba en cuatro niveles: Inicial, Primario, Medio y Superior, donde el Primario era obligatorio. A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación se mantiene el nivel inicial (cuyo último año pasa a ser obligatorio), y se define una Educación General Básica (obligatoria y de nueve años de duración), seguida por el nivel Polimodal (tres años de duración).
PERÚ
En el Perú, el SUTEP, cuando era independiente, ha frenado la implementación de la municipalización de la educación. Ahora que forman parte de las negociaciones electorales y, sobre todo contentos con la DERRAMA MAGISTERIAL, su resistencia ha cambiado al apoyo.
De palabra se oponen de hecho la tienen que apoyar porque si no pierden la DERRAMA (Organización financiera que funciona con el descuento de los haberes de los docentes. Tal organismo recibe más de 70 mil millones de soles anuales por concepto de estos descuentos a más de 300 mil maestros peruanos. Lo controla el SUTEP)
La municipalización de la gestión educativa se inicia con un Plan Piloto, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 078-2006-PCM, que se ejecutará en los años 2007 y 2008, para que, posteriormente, se efectúe la expansión y generalización. En el Plan Piloto participarán 56 municipalidades distritales a nivel nacional, considerando en él a las Instituciones Educativas públicas de educación inicial y primaria. Para el 2009, estarán municipalizados más de 150 instituciones educativas.
Su estrategia es en 3 etapas:
•Etapa de Iniciación: Plan Piloto 2007-2008.
•Etapa de Generalización: Crecimiento significativo del número de distritos y provincias; período 2011-2015.
En cada municipalidad se conforma un Consejo Educativo Municipal encargado de dirigir y conducir la gestión educativa municipal.
La implementación en el Perú, se da siguiendo los cánones de los organismos internacionales, parecidos al de Chile y Argentina. Este mandato internacional sigue su curso pese a los fracasos y experiencias funestas de estos dos países pilotos.
Fuente: Carlos Villacorta Valles / caobac.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario