Sí, somos intolerantes
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
El ministro Rafael Rey ha acusado a los defensores de derechos humanos de ser intolerantes. Pues yo le respondo, señor ministro, usted está en lo cierto: sí somos intolerantes. Y cómo no serlo ante el delito, ante el abuso y ante la desidia gubernamental frente el clamor de cientos de peruanos y peruanas, de mujeres, jóvenes y familias que, treinta años después de iniciado el conflicto armado interno, continúan buscando los cuerpos de sus hijos, esposos, hermanos y padres desaparecidos. Continúan esperando encontrar la verdad y alcanzar la justicia.
Somos intolerantes cuando los funcionarios del Estado, cuyo rol es proteger la vida y la integridad de las personas, aplican la tortura, la violencia sexual y el homicidio como arma para “defender” la democracia.
Somos intolerantes cuando vemos que las personas que arrancaron a Arquímedes Ascarza de los brazos de su madre, doña Angélica Mendoza, quien pretendía protegerlo de los militares encapuchados que ingresaron a su casa la madrugada del 2 de febrero de 1983, viven hoy sin el mayor remordimiento y sin prestar mayor información que permita ubicar el lugar donde yace el cuerpo de aquel joven que desapareció tras ingresar al Cuartel Los Cabitos de Ayacucho.
¿Cómo podemos tolerar que permanezcan sin castigo aquellos oficiales del ejército que en Huamanga, la noche del 2 de noviembre de 1983, detuvo a dos pequeñas hermanas, una de 12 y otra de 7, por encontrarse cerca de la zona donde Sendero Luminoso detonó un explosivo y, luego, las hayan llevado a una base militar para violar a la mayor y amenazar a la otra si acaso se atrevían a denunciarlos, destrozando para siempre sus vidas?
¿Cómo explicarle a las señoras de ANFASEP que han visto los restos humanos que yacían como evidencia en el horno del Cuartel Los Cabitos donde fueron cremados más de un centenar de cuerpos y que también presenciaron la recuperación de decenas de cuerpos semicalcinados y de otros tantos restos de adultos y niños encontrados, más de dos décadas después, con las manos atadas a la espalda y los rostros cubiertos para reflejar así el horror de lo vivido en dicha instalación militar? ¿Cómo puede entonces negar el Ministerio de Defensa esta evidencia, la existencia de los cuadernos de detención y la información sobre el personal?
Nos pide tolerar que el Ministerio de Defensa se niegue a entregar a la justicia a José Luis Chávez Velásquez, alias "Centauro", y al Teniente EP Carlos Morgan Frisancho, quienes el 19 de abril de 1991 detuvieron a Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma, luego de inscribirse ante el jurado electoral como candidatos de Izquierda Unida. Ellos, junto a Honorata Oré, esposa de Arotoma y quien en esa fecha tenía 8 meses de embarazo, fueron llevados a la base militar de Huancapi, de donde nunca más salieron.
¿Cómo se puede tolerar que el ex jefe de la base militar de Pampa Cangallo, Mario Caldas Dueñas, quien según la propia confesión de miembros de la base, ordenó la detención y desaparición de las autoridades de Chuschi, camine impávidamente por las instalaciones del Hospital Militar y por cualquier calle de Lima, sin que las autoridades policiales hagan efectiva la detención ordenada hace cuatro años por el Poder Judicial? Mientras Caldas disfruta de sus privilegios, las familias de los desaparecidos de Chuschi aún buscan en su comunidad, cualquier indicio de fosa que les permita dar con el paradero de los cuerpos.
Señor Ministro, ¿Nos pide ser tolerantes ante esto? Nuestra respuesta usted la conoce y ya la dijo: somos y seremos intolerantes ante la impunidad, ante la injusticia y ante el olvido. Si respetar la vida, la verdad y la justicia, aquellos principios que sustentan la convivencia humana y la institucionalidad democrática, nos exige ser intolerantes, no dude usted que lo seremos. Con terquedad y firmeza.
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