Por el Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*
Históricamente, México siempre ha buscado copiar los modelos educativos del exterior. No se ha forjado un proyecto educativo realmente mexicano, a pesar de los fracasos permanentes. Sólo como un ejemplo, podemos citar la supuesta descentralización de los servicios educativos: la responsabilidad del Estado mexicano trasladada hacia las entidades federativas.
La descentralización en México tiene sus antecedentes en el gobierno de José López Portillo (1976-1982), el primero en reclutar tecnócratas. Propuso la reorganización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para disminuir la fuerza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual no consiguió.
Hubo otro intento en 1978 con el nombramiento de delegados que no estuvieran afiliados al SNTE. El objetivo: evitar la resistencia a los cambios que ya tenían en mente. Así, en marzo del mismo año comenzaron a operar las 31 delegaciones. Su labor era administrar y planear el presupuesto para la educación básica que entonces impartía el gobierno federal en cada uno de los estados. Todos comenzaron a operar de manera simultánea y sin advertir a los gobiernos estatales, lo que causó un descontrol en las administraciones.
Con la crisis de la década de 1980 se redujo considerablemente el presupuesto del sector público. La SEP perdió la capacidad de mejorar los salarios docentes. Ante este escenario, el entonces presidente de la república Miguel de la Madrid (1982-1988) propuso una reforma más radical para descentralizar la educación. No se concretó debido a la oposición del SNTE: temía perder su poder de gestión ante el gobierno federal. El SNTE percibió que se encontraba en “peligro” y manifestó su rechazo a la medida. De la Madrid cedió a cambio de apoyo político.
Carlos Salinas de Gortari (1998-1994) logró la descentralización. Quitó a Carlos Jonguitud e impuso a Elba Esther Gordillo como primera medida. Se suponía que sería un cambio para acabar con el cacicazgo y mejorar las condiciones de los maestros. Pero Elba Esther traicionó los principios de lucha de los trabajadores del pueblo, de los misioneros de la educación, y aceptó firmar el acuerdo en 1992. A pesar de la resistencia de algunas delegaciones sindicales, el gobierno concretó la descentralización.
La primera consecuencia fue la eliminación del currículo nacional del sistema educativo. Inmediatamente, se vinieron en cascada muchas más, entre ellas, la reducción del financiamiento para educación y la intensificación de diferencias en la capacidad institucional para administrar los sistemas educativos en los estados.
A raíz de la descentralización de la educación en México, la SEP federal se deslinda de responsabilidades para atender las demandas de las escuelas normales rurales, bajo el argumento de que son los estados los responsables de la educación pública y de la formación del maestro rural.
Aun con estas limitantes, las escuelas normales, pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), continúan con la misma mística formando verdaderos maestros, es decir, forjadores de conciencia social, que provean a las comunidades de herramientas para su organización colectiva y liberación.
Ahora, una nueva moda amenaza no sólo a las normales rurales, sino a todas las instituciones formadoras de profesores para el nivel básico. Un nuevo pacto entre la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el gobierno más reaccionario de la historia reciente de México pretende controlar todos los ámbitos de la educación: desde la contratación de las personas que educarán, hasta los planes de estudios que habrán de aplicarse en el nivel básico.
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