ACCOMARCA: POR LA MEMORIA Y LA JUSTICIA.

JUAN CONTRERAS T.
CIPAL

La extradición de Telmo Hurtado, el tristemente celebre “Carnicero de los Andes” nos devuelve a una de las etapas mas sangrientas de nuestra historia reciente, la masacre de 69 peruanos ocurrido el 14 de agosto de 1985 en la localidad de Llocllapampa – Accomarca, Ayacucho. Todas las victimas, ancianos, jóvenes y niños, hombres y mujeres eran peruanos quechuahablantes, pobres y excluidos por el Perú Oficial. Ese día fueron ejecutados sin conocer las razones de su detención arbitraria, sin jueces o fiscales y sin debido proceso por una patrulla militar encabezada por el entonces Teniente Telmo Hurtado. El resto es historia conocida, protegido por el propio ejercito y el régimen de García, Hurtado logro escabullirse, huir del país y reaparecer en los EE. UU. donde fue reconocido por los organismos de derechos humanos, sometido a la justicia americana y recientemente extraditado al Perú por crímenes de lesa humanidad.

El Estado de Emergencia, situación excepcional prevista por la Constitución de entonces, la Carta de 1979, preveía la suspensión de los derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de transito, etc. en aquellas zonas en las que actuara el PCP - SL. Bajo este marco jurídico y vulnerando los parámetros de la excepcionalidad que en ningún caso legitiman la ejecución extrajudicial de ciudadanos indefensos ajenos al conflicto, Telmo Hurtado aplico con sangrienta eficacia la estrategia de tierra arrasada que la CIA introdujo en la Escuela de las Américas de Panamá para las guerras de baja intensidad (Guerras revolucionarias) basadas en la eliminación del enemigo sin dejar evidencia ni posibilidad de su recuperación para el conflicto.

Un Estado contra la Verdad.

Tras ello, pese a las denuncias de la oposición en el Congreso de aquella época, nunca hubo por parte del gobierno de García voluntad política para perseguir a Telmo Hurtado y someterlo a la justicia local. El Ejercito dribleo en repetidas ocasiones las ordenes y sucesivos requerimientos provenientes de la justicia ordinaria. El fuero militar que se encargo de procesarlo privilegio el encubrimiento facilitando su pronta liberación.

En los 90, las actuaciones de Flores Araoz y de Ricardo Rey para burlar la justicia a través del ocultamiento de la información bastaron para demostrar que piensan las elites respecto de los peruanos quechuahablantes, de los andinos del país.

En repúblicas de papel como la nuestra, en el que los poderes facticos ostentan poderes absolutos capaces de doblegar por doquier a la institucionalidad política formal, los violadores de derechos humanos suelen pasearse como Pedro en su casa con apoyo del poder. Nos satisface, por ello, que la labor de los organismos de derechos humanos haya coronado con éxito la extradición de Telmo Hurtado, tras 26 años de ocurrida esta masacre.

La guerra, la creación mas excecrable del genero humano tiene también reglas y códigos que deben respetarse, pese a la crueldad y la vesania que la violencia engendra. Son las llamadas leyes de la guerra (Jus belice) aplicables también en los conflictos armados internos como el que ensangrentó el país en los 80. En el caso que comentamos brillo por su ausencia una regla fundamental que marca las relaciones entre el Estado y los ciudadanos: el respeto a la dignidad de las personas. En Accomarca no hubo consideración ni respeto alguno por estos ciudadanos. Se impuso la virulencia racista y el desprecio contra los humildes y marginados por siglos por las elites que gobiernan el país. Ni la Iglesia oficial, aquella que se engalana de purpura para bendecir cristos de origen nada santos, encogieron su mirada frente a este drama social.

Una vez mas Accomarca nos recuerda la enorme distancia que separan al Estado respecto de la nación, mejor dicho, de las múltiples naciones que pueblan nuestro país. Las grandes fracturas sociales, económicas y culturales que encierra nuestra sociedad no han logrado cerrarse, pese a la modernidad neoliberal. Como a inicios del siglo XX el Perú sigue siendo Lima y las demandas de los pueblos del interior del país son escuchadas solo si hay muertos de por medio (Bagua, Madre Mía, Huancavelica y Puno). Ese Estado excluyente, antidemocrático, edificado para sostener intereses de poderosas elites ha sido puesto en cuestión. Se impone ahora un Estado nacional, democrático y participativo.

Ciertamente, frente a hechos como Accomarca, la memoria subsiste pese a las indiferencias del Perú Oficial. Una gran tarea corresponde al magisterio, la escuela, la universidad, la sociedad en general. Recordar estos hechos para que no vuelvan a repetirse. Esto impone sancionar a los responsables de estos crímenes porque sin justicia no hay paz social. Vale, sin duda, el esfuerzo de la Comisión de la Verdad - CVR en ese sentido. La inclusión social, la integración de los pueblos del interior a la modernidad democrática, en general, la construcción de la nación de todos los peruanos solo serán discurso sino vamos al reencuentro de la historia reciente y la memoria. Pero, igualmente, es un tema de poder, de construcción de un nuevo Estado. ////