LA CRISIS EDUCATIVA CHILENA: LECCIONES QUE APRENDER. ( I PARTE)

JUAN CONTRERAS T.
CIPAL

INTRODUCCION.
Durante los últimos años el modelo chileno fue considerado ejemplar en América Latina. No pocos gobernantes, entre ellos del Perú, vieron en el país de la estrella solitaria que la interacción entre liberalismo económico y autoritarismo político de cuño pinochetista había convertido a Chile en la economía mas desarrollada de la región, superior incluso al gigante brasileño. Para nuestras elites, la experiencia chilena era el modelo a emular, el ejemplo a superar.

Tras casi 30 años de instauración del modelo neoliberal chileno, cuyos fundamentos se encuentran en la Constitución Política de 1880 aprobada por la Junta Militar de Augusto Pinochet, la crisis parece haber estallado precisamente en el sistema educativo, el espacio en el que mas se ha acentuado la desigualdad social derivados del autorepliegue del Estado (Teoría del Estado Mínimo) en la educación publica y la entronización del mercado.

A estas alturas los limites del modelo educativo pinochetista han empezado a desbordarse por la intensa movilización de miles de estudiantes, docentes y padres de familia que demandan, después de mas tres meses de lucha callejera, la reestructuración del sistema educativo (educación básica y universitaria) que implique el retorno del Estado como eje y promotor del sistema educativo y ponga fin a lo que diversos analistas llaman el “apartheid educativo” en Chile por la expansión salvaje del lucro en el negocio educativo.

¿Que es lo fallo en el modelo? ¿Tiene posibilidades de continuidad el modelo que auspicia, entre otros aspectos, la municipalización de la gestión educativa en ese país? ¿En ese contexto, que rol debe asumir el Estado en el tema educativo que no prolongue su deslegitimación política ante la sociedad?

Intentamos aquí desarrollar algunas ideas para acercarnos al tema y prevenir que la reedición de estos experimentos en nuestro país acentúen la ya endémica crisis educativa peruana.

LA EDUCACION: MERCANCIA EN EL MODELO CONSTITUCIONAL CHILENO.

Tras el golpe militar contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, perpetrado el 11 de setiembre de 1973, las elites chilenas se embarcaron en la construcción de una estructura de poder que incluía la liberalización extrema de la economía y un régimen político autoritario, entre otros aspectos un nuevo modelo constitucional, que no admitía oposición ni inclusión política y social de ninguna naturaleza, bajo un clima de guerra fría que caracterizo a aquel periodo.

Aunque no es motivo del presente articulo rememorar los aspectos económicos y políticos de aquellos años de manera prolija, nos interesa poner énfasis en conocer que impacto tuvo la edificación del orden auspiciado por la Junta Militar chilena en el sistema educativo.

Respecto de la educación la Constitución chilena de 1980 enuncia que “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida” (art. 19, núm. 10, Capitulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales). Cualquier semejanza con el art. 13 de la Constitución peruana de 1993 no resulta casual.

La Carta chilena omite expresar que la educación sea un derecho humano y que el Estado, como órgano público rector de la vida social, se encargue de garantizar y hacer efectiva que su extensión alcance a todas las personas de tal manera que Nadie pueda ser excluido del goce de este derecho, sin importar su condición económica, social, cultural, religiosa o de cualquier otra naturaleza.

Del texto constitucional se infiere que objeto y fines persigue la educación; es decir, señala la finalidad teleológica de la educación. No indica el acotado texto el rol constitucional del Estado en la educación como un tema inherente a la realización integral de la persona humana, vinculado a sus derechos fundamentales. Esto, sin duda, tiene una explicación: la educación puede ser, y así fue, promovida por negociantes convirtiéndola en un bien de uso, esencialmente una mercancía, sujeto a los vaivenes de la actividad mercantil.

El texto constitucional en referencia fue desarrollado mediante la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por la Junta Militar en marzo de 1990 (Ley 18,962). En resumen esta ley establece la figura del sostenedor (en nuestro caso, el promotor educativo privado) para los establecimientos educativos dedicados a la enseñanza en los niveles parvulario (inicial), básico y medio (art. 23) pudiendo ser entidades naturales y jurídicas cuyo funcionamiento deberá ser debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. En cuanto a la educación superior, se apertura la participación de personas naturales y jurídicas, es decir de corporaciones de derecho privado (art. 34), para la gestión de establecimientos de formación universitaria, institutos profesionales y técnicos.

De acuerdo al LOCE en Chile coexisten 05 sistemas educativos que funcionan como subsistemas debidamente compartimentados:

1.-El establecimiento particular pagado íntegramente por los padres.
2.-El establecimiento particular subvencionado con financiamiento compartido, en el que
Los padres pagan cuotas mensuales.

3.-El establecimiento particular subvencionado sin financiamiento compartido.
4.-El establecimiento municipal de comunas ricas.
5.-El establecimiento municipal de comunas pobres.

Esta diversificación de la gestión educativa en cinco sistemas, incompatible en una sociedad que postule la inclusión social, revela las bases de la desigualdad en Chile. A simple vista, de un lado, un Estado que subvenciona a los sostenedores (convertidos en poderosos gestores educativos); una clase media con probabilidades reales de pagar la educación de sus hijos; y en el otro ángulo colegios bajo gestión municipal cuyo funcionamiento depende de las arcas municipales a los cuales se destinan los menores provenientes de los sectores populares.

A decir de los entendidos, como el Informe 2004 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) esto representa, sin duda, un sistema educativo “conscientemente estructurado por clases sociales”, afirmando que bajo una economía de pujante crecimiento que las elites políticas y económicas califican de ejemplar en la región, subsiste imbatible un escenario social que reproduce la desigualdad y la exclusión social