Los capitalinos han tenido que "soportar las agresivas marchas que ocasiona la llamada insurgencia", escribió Roger Bartra. En contraste, Adolfo Gilly asegura que "sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan", pues el gobierno busca destruir derechos laborales de los maestros, así como sus organizaciones.
Las
manifestaciones de la CNTE contra la reforma educativa son vistas de diferente forma por
Roger Bartra y Adolfo Gilly, quienes -antes del desalojo ocurrido el viernes en el Zócalo capitalino- dieron a conocer sus opiniones al respecto.
A continuación, se reproducen los dos artículos, uno publicado en el diario Reforma y otro en La Jornada:
Insurgencias incongruentes/ Roger Bartra
Los habitantes de la Ciudad de México han tenido que soportar las agresivas marchas que ocasiona la llamada “insurgencia” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa. Las quejas, las críticas contra los maestros que protestan han sido innumerables e incluso ha habido quienes han llamado a la represión. Vale la pena detenerse a tratar de entender qué es la CNTE y por qué está llevando a cabo una peculiar insurrección incongruente y peligrosa.
La CNTE es una especie de excrecencia del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) surgida hace más de tres décadas. Heredó en gran medida la corrupción de su matriz sindical, pero le agregó una cierta dosis de radicalidad izquierdista. La CNTE pertenece al viejo mundo de la cultura nacionalista revolucionaria que lentamente se está desvaneciendo y está contaminada por la putrefacción de una cultura sindical que se resiste a desaparecer del panorama político. Su reacción contra la reforma educativa es el estertor de un magisterio decrépito que se opone a la renovación y a la evaluación de su trabajo. Pero además la CNTE es fruto de una profunda fractura que impulsó a sus militantes a luchar contra el charrismo de Carlos Jonguitud y de Elba Esther Gordillo. El resultado es un híbrido extraño, una mezcla de sindicato y organización política que rebasa con creces las demandas laborales y que hoy se opone a todas las reformas que se están discutiendo en el Pacto por México. Su lucha frontal contra este pacto hizo que muchos pensasen, equivocadamente, que la alianza reformista de los tres grandes partidos estaba a punto de fenecer.
La CNTE ha dejado claro desde hace tiempo que se encamina a la construcción de un frente único nacional y a la organización de un paro general indefinido (según el manifiesto aprobado por el V Congreso Nacional de Educación Alternativa organizado por la CNTE el pasado mes de abril). Esta insurgencia aprovecha la desorientación del SNTE, herido por el encarcelamiento de su máxima dirigente, y las fracturas en el gobierno de Peña Nieto. Estamos ante algo mucho más complejo que la reacción de unos maestros holgazanes impulsados por líderes corruptos que no quieren perder su poder y sus privilegios, gracias al control del acceso, ascenso, permanencia y retiro de los docentes.
La CNTE está intentando cristalizar un movimiento político similar al de López Obrador, pero aparentemente más radical. En sus documentos se afirma su contenido clasista y antiimperialista, su oposición al charrismo que representa los intereses de un Estado burgués-terrateniente, su intención de propiciar en las escuelas la formación de un “nuevo sujeto” comprometido y que, además, acepta todas las formas de lucha. Teñida de un leninismo duro y trasnochado, la CNTE adopta una ideología estrafalaria orientada por una teoría crítica, que es el fundamento críptico de lo que llama, y no es una broma, “la filosofía, epistemología, axiología, metodología, evaluación, sistematización, seguimiento y socialización de la alternativa transformadora de la educación”. Este y otros esperpentos esotéricos ocultan una hiperactividad marginal que no conviene ignorar.
Las marchas y bloqueos de la CNTE están ocasionando varios efectos. En primer lugar, estimulan una cohesión en torno del gobierno, especialmente de las clases medias, que ven con temor y repugnancia las manifestaciones rijosas de los maestros. La CNTE, con sus provocaciones, ha resultado un peculiar agente legitimador del gobierno de Peña Nieto, y ha estimulado en muchos el deseo de reprimir las protestas callejeras. En segundo lugar, está ocasionando serios problemas a la izquierda, ya que mucha gente ve con malos ojos las relaciones (sean mediadoras o de apoyo) del PRD con la CNTE. El asunto además ha ahondado las divisiones que fracturan a este partido. Y hay que agregar los disgustos que ocasiona la CNTE al movimiento encabezado por López Obrador, que ahora aparece como el bloqueador bloqueado, pues los maestros impidieron que realizase su mitin del pasado domingo en el Zócalo.
Estamos ante el espectáculo de miles y miles de pobres maestros, que vienen de un mundo que se extingue y que se pudre. Están contaminando a una oposición de izquierda que pasa por una condición muy difícil, escindida entre un ala reformista y otra populista. El gobierno, por su parte, aprovecha la situación para pescar en río revuelto.
Las protestas de la CNTE revelan el peso de un mundo viejo que se derrumba, con sus caciques sindicales, sus mediaciones corruptas, sus costumbres caducas y la decadencia de una gran masa de maestros mal educados y malos educadores, que se resisten al cambio. Un mundo en camino de desaparecer es peligroso, pues alberga la desesperación de sectores sociales enervados llenos de rencor. Son seres humanos que sufren una gran dislocación y que deben hallar un lugar fuera del mundo que se deshace.
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Alberto Patishtán y los maestros/ Adolfo Gilly
La denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una decisión material y simbólica capital en la política de desmantelamiento de los pilares constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en el Pacto por México, el PAN y el PRD.
Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
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La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.
Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
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La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas y sus vidas.
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En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
