PREOCUPA. Gobierno remite al Congreso proyecto para ingreso de gestión privada en centros de estudio.
Wilson Castro
Trujillo
La gratuidad de la enseñanza en los Institutos Superiores Tecnológicos al parecer corre peligro. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al Congreso de la República el Proyecto de Ley Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Carrera Pública de sus Docentes, que contempla el ingreso de un operador privado a esos centros de estudio.
La medida se hará inicialmente en institutos que cuenten con buena infraestructura para construir, tecnología instalada (maquinarias y talleres) y recursos humanos calificados.
La intención de esa iniciativa sería entregarle a capitales españoles, asociado con peruanos, la administración y gestión de los mejores institutos tecnológicos del país bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), según denunció el subsecretario general del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), José Namoc Medina. “Estamos hablando de los tecnológicos públicos, de los tecnológicos públicos-privados y privados”, acotó.
Eso, advirtió el dirigente, es un atentado contra los alumnos de escasos recursos económicos que son los que acuden a los institutos a profesionalizarse.
“Esto no lo vamos a permitir. La educación es un derecho. Los profesores hemos decidido iniciar una lucha contra este proyecto y esperamos el apoyo de alumnos y de la comunidad”, acotó durante un plantón en la Plaza de Armas de Trujillo en la cual tomaron parte docentes de los institutos Nueva Esperanza (La Esperanza), Carlos Valderrama y Trujillo (Trujillo) y González Prada (El Porvenir).
Namoc advirtió que el inversionista verá la forma de captar recursos del alumnado y ello provocará que la educación tecnológica se vuelva comercial, como ha sucedido con muchas universidades particulares.
En La Libertad hay 32 institutos tecnológicos que agrupan a más de 15,000 estudiantes. En Trujillo el primer instituto donde se aplicará la APP es el Nueva Esperanza.
Hay que precisar que el artículo 10 de dicho proyecto afirma que está garantizada la gratuidad de la enseñanza, pero los docentes no creen ello.
Fuente:La República
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