LA LEY DEL PROFESORADO 24029 Y LA CONSTITUCIÓN DE 1979‏

LA LEY DEL PROFESORADO 24029 Y EL ESPIRITU DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979

Cuando vimos y escuchamos la juramentación del Presidente de la República, Ollanta Humala, y de los dos Vicepresidentes al momento de asumir las funciones como tales, reivindicando la Constitución Política de 1979, nos causo una sorpresa. Lógicamente agradable porque de esa manera se ponía en el debate la necesidad de retomar dicha Constitución como rectora de la vida política y económica de nuestro país o en su defecto llegar a un acuerdo para la elaboración de otra carta magna que reemplace a la Constitución Política neoliberal de 1993 que, en el año 2001, todos los constitucionalistas democráticos y progresistas lo declararon apócrifo e ilegal por haber nacido de una dictadura que había militarizado el país eliminando todos los espacios democráticos.

Pues bien, esa Constitución de 1993, dada a la medida de la política neoliberal implementada por el imperialismo norteamericano, no es más que un remedo de la Constitución Política de Chile que Pinochet mandara elaborar en 1981, y ambas se empezaron a aplicar con el apoyo del ejército y la policía aplicando las ejecuciones extrajudiciales y encarcelando a todo aquél que mostraba su disconformidad con las medidas de Pinochet y del fujimontesinismo.

Como era natural, la Constitución de 1993 recibió un rápido apoyo de todos los grupos de poder económico nacionales y extranjeros, porque de un plumazo eliminaba todos los derechos laborales de los trabajadores que con luchas se había conseguido, igualmente se daba plena libertad para la venta de las empresas públicas, incluso las consideradas DE CARÁCTER ESTRATÉGICO, incluso llegando al extremo de casi prohibir que el estado pueda tener un rol empresarial, abriendo las puertas a la voracidad e las empresas privadas, en especial transnacionales. Ya es conocido cual fue el destino de esas sumas millonarias de dinero que Fujimori recibió por lla venta de las empresas públicas.

En Chile luego de 30 años se empieza a exigir una nueva Constitución, y las voces que se alzan no sólo es de las personas adultas sino, en su mayoría, de los jóvenes y niños recusando el modelo neoliberal. En esta lucha los estudiantes y los maestros están al frente puesto que la educación es el centro del debate.

En este contexto, la evocación de Ollanta Humala al espíritu, principios y valores de la Constitución de 1979 está íntimamente vinculado a la defensa de la Ley del Profesorado 24029, su modificatoria 25212 y su Reglamento 019-90-ED. que el 95% del magisterio peruano ha venido sosteniendo frente a la aplicación de la Ley 29062 (dado en el marco de la Constitución del 93) que, justamente, elimina una serie de derechos de los maestros en clara concordancia con la política neoiliberal que desde 1993 se ha venido aplicando con mayor profundidad en nuestro país.

Por eso no nos llama la atención que los propios maestros agrupados en la Coordinadora Magisterial Nacionalista muestran una gran preocupación en cuanto los pasos dados por la Ministra de Educación , Patricia Salas, no están de acuerdo a lo expresado por Ollanta Humala con respecto al tema magisterial ni a su juramento hecho el 28 de julio. Igualmente en la exposición del Primer ministro, éste manifestó “que la Revolución Educativa es con los maestros y no contra ellos”. Entonces, es momento de actuar escuchando lo que la amplia mayoría de maestros demanda: la derogatoria de la Ley 29062 y la plena vigencia de la Ley del Profesorado 24029.

Sin embargo la terca actitud del Premier Salomón Lerner y la Ministra Patricia Salas cuando dicen que seguirán con la Ley de la Carrera Pública Aprista es, precisamente, actuar contra el 95% de los maestros peruanos. Sólo el 5% compuesto en su mayoría por maestros apristas y fujimoristas seguramente están batiendo palmas en honor a estos personajes del gobierno.

Finalmente, habría que preguntarse, ¿La evocación al espíritu, principios y valores de la Constitución de 1979 fue un exabrupto?¿Una simple pose?¿Un sentimiento verdadero?.

El actual gobierno tiene que entender que ese 95% de maestros tampoco está de acuerdo en que se elabore una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial ni mucho menos “consensuar” las Leyes 24029 y 29062 como plantea el CEN SUTEP (es que muchos militantes de patria roja se han incorporado a la nueva ley) por que significa matar, no sólo el espíritu, los principios y los valores de la Constitución del 79 sino también fortalecer la Constitución neoliberal del fujimontesinismo.

Los maestros, que en su mayoría hemos respaldado la elección de Ollanta Humala, somos los primeros en exigir coherencia al Presidente y a los congresistas de Gana Perú para el cumplimiento y puesta en marcha de los compromisos adquiridos, en este caso, con el magisterio peruano. Y si es necesario el diálogo, éste debe darse con los dirigentes de los maestros organizados en sus diferentes gremios a nivel regional y sectorial (en el caso de Lima), elegidos en elecciones universales, un maestro un voto.
30/08/11

MI PALABRA
Felipe Torres Andrade
Ex Secretario General SUTE 14
San Juan de Miraflores, Lima, Perú