JUAN CONTRERAS T.
Recientemente en Chile la Presidente Bachelet ha propuesto un conjunto de
proyectos de ley al Congreso para abordar un tema de capital importancia como
es, el presente y futuro de la educación publica chilena en todos sus niveles
buscando, de ese modo, sintonizar con las demandas del estudiantado chileno que
en los últimos años viene exigiendo un mayor rol del Estado en ese sector en
defensa de la gratuidad de la enseñanza, tan venido a menos por la
incontrolable mercantilización de la educación en el vecino país.
La finalidad de tales proyectos de ley busca reducir el lucro en el sector
educativo, prohibir el co-financiamiento económico de los padres de familias en
los colegios públicos y proscribir la “selección económica” para acceder a una
educación de calidad y competitiva, algo que nos hace recordar a las tesis del
darwinismo social desarrolladas por los ideólogos del neoliberalismo que
impulsan la segregación de las personas por razones económicas.
Refiere Marcel Claude, catedrático de la Universidad de Chile, que el
principal problema del modelo chileno es la privatización de la educación y su
impacto sobre la sociedad en términos de desigualdad educativa y social. En la
actualidad Chile destina el 3.5% de su PBI a gastos militares y solo el 0.3% a
educación superior. Las corporaciones internacionales que explotan el cobre
chileno alcanzan utilidades que anualmente bordean 30 millones de dólares,
mientras las necesidades de educación apenas alcanzan los 7 mil millones de
dólares anuales, pese a que la economía chilena es ahora ocho veces más rica
que en los años setenta.
Sin duda, la movilización estudiantil ha logrado colocar en agenda uno de
los problemas que ha puesto en jaque al modelo neoliberal chileno -la
desigualdad educativa y social- lo cual obliga a una necesaria redefinición del
rol del Estado en este sector, es decir, pisar los callos del modelo de libre
mercado impuesto a inicios de los 80 por la dictadura militar pinochetista al
que seguramente Bachelet difícilmente podrá esquivar. Aunque las organizaciones
estudiantiles chilenas advierten que estos proyectos sólo pretenden maquillar
el modelo, se persiste -como ocurre en el Perú- en mantener maniatado al
Estado, secuestrado por poderosos grupos empresariales, y sin mayor presencia
en la educación publica.
Desde la óptica de los derechos humanos, sin educación de calidad y
competitiva para las grandes mayorías no es posible hablar de democracia, menos
de desarrollo humano. La educación es un tema capital no sólo desde el punto de
vista del desarrollo económico, sino, por su carácter democrático e inclusivo,
toda vez que la incorporación de la población al sistema educativo constituye
la realización de la dignidad humana de las personas, fundamento base de los
derechos humanos. Tales preceptos constan expresamente consagrados en el Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado también
Protocolo de San Salvador, instrumento jurídico ratificado tanto por Chile y el
Perú, respectivamente, que en contraste con la realidad concreta parecen ser
solo letra muerta. El impacto sobre el derecho humano a la educación es claro
en ambos países, de pronto esto podría existir sólo en el papel.
Llama a satisfacción que sea la sociedad civil, a través de las
movilizaciones estudiantiles, quienes hayan colocado el tema en la agenda. Esto
sirve para entender que el modelo neoliberal ha empezado a desnudar sus
limitaciones y no constituye la panacea como en su momento puntualizaron sus
principales exponentes, especialmente Friedman. Aunque el efecto espejo sobre
el Perú particularmente es aún débil no deja de tener importancia por sus
proyecciones de cara al futuro.
En nuestro país el modelo neoliberal se ejecuta de manera forzosa por la
influencia de grandes poderes económicos que literalmente han secuestrado al
Estado peruano y gravitan en sus decisiones políticas. La inversión educativa
del sector privado ha superado a la inversión pública, y el trasvase del
alumnado de los colegios públicos a los privados parece incontenible en la última
década. En el nivel superior, la economía de libre mercado ha expandido la
oferta educativa mediante universidades privadas que casi triplican el número
de universidades estatales. No existen controles efectivos sobre estas
universidades, funcionan como verdaderas empresas dedicadas a lucrar con el
saber y el conocimiento y sus tentáculos prevalecen en el Congreso de la
República pesando sobre el resto de la sociedad.
Los inversores en educación privada constituyen hoy un poderoso grupo de
poder en el Perú con bancada propia en el Congreso. En Chile, los intereses
empresariales en el terreno de la educación pasaban por el despacho de Joaquín
Lavin, propietario de la Universidad de Desarrollo y ex ministro de educación
durante el mandato de Sebastián Piñera. Ni más, ni menos como en nuestro país.
La “autonomía universitaria”, tan invocada ahora por estos sectores a raíz de
las discusiones en el Congreso peruano sobre la reforma del sistema
universitario, sirve a este sector para que el Estado nada haga realmente y se
limite a ser figura decorativa en las relaciones que el mercado crea y
reproduce para beneficiar a un minúsculo sector de la sociedad.
Los estudios del Foro Educativo revelan una creciente privatización de la
educación en el Perú resaltando negativamente sobre los
derechos económicos y sociales de la población que ponen en cuestión las
obligaciones jurídicas del Estado peruano en este terreno. Recuperar el rol del
Estado en el terreno de la educación, garantizar educación publica gratuita, de
calidad y competitiva para el resto del país constituyen un serio desafío para
quienes postulamos y defendemos el derecho humano a la educación. Es hora que
la sociedad civil, sus organizaciones políticas y sociales, padres de familia,
maestros y estudiantes asumamos estos desafíos en el Perú.
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