UN NEGOCIO A GRAN ESCALA EN SEGUNDA FASE DEL NOMBRAMIENTO DE DOCENTES

Si bien las denuncias han sido frecuentes – pero igual de reprobable - en anteriores exámenes, todo indica que en este último (15 de noviembre) se habría producido una alteración sistemática de puntajes. Todo un negocio a gran escala del cual deben responder las más altas autoridades educativas (MINEDU, GR, DREP, Ugeles, etc.). Es reprobable que, conociendo la poca transparencia de dichos entes, se les siga permitiendo manejar estos procesos. Lo sensato sería encargarlos, incluyendo la publicación de resultados, a una entidad académica de prestigio, y dejar a la MAFIA de la burocracia del MINEDU sólo la adjudicación de las plazas.

La mafia aprista, en el Ministerio de educación, no ha podido explicar cómo aumentó la lista de docentes clasificados a la segunda etapa del proceso de incorporación a la CPM de 41 mil a 72 mil; aunque ahora los maestros vienen denunciando que las Ugels con los directores de las instituciones educativas han preparado otro "faenón", pues vienen ofreciendo la venta de las plazas entre 5 mi a 6 mil soles cada una. Lo grave del asunto es que la corrupción viene desde los niveles más altos, pues el sábado 28 los directores de las Ugels de Lima Metropolitana se habrían reunido en el local de la UGEL 01 para ver como negocian las plazas entre los comechados del partido aprista. La asquerosa corrupción perpetrada por el gobierno aprista viene alcanzando ribetes de escándolo, pues ahora la meritocracia se logra contactándose con alguien que conforma los hilos de la corrupción y con el pago exigido.

EL CARNAVALESCO EXAMEN DE PLAZAS DOCENTES

Modificar los resultados (más de una vez), incrementando el puntaje a los recomendados y disminuyéndolo a los otros, parece haber sido la pauta del reciente examen para plazas docentes. Alegar que se debe a una falla del software es un argumento trillado, pues éste, al ser operado por personas, está sujeto a la digitación de funcionarios corruptos. La demora para publicar los resultados es ya una señal de manejos oscuros, toda vez que el procesamiento informático tarda, en el peor de los casos, sólo algunas horas.

Si bien las denuncias han sido frecuentes – pero igual de reprobable - en anteriores exámenes, todo indica que en este último (15 de noviembre) se habría producido una alteración sistemática de puntajes. Todo un negocio a gran escala del cual deben responder las más altas autoridades educativas (MINEDU, GR, DREP, Ugeles, etc.).

Es reprobable que, conociendo la poca transparencia de dichos entes, se les siga permitiendo manejar estos procesos. Lo sensato sería encargarlos, incluyendo la publicación de resultados, a una entidad académica de prestigio, y dejar a la burocracia sólo la adjudicación de las plazas.
En medio de este escándalo ha comenzado la segunda etapa del concurso. Se trata de la evaluación en cada institución educativa (IE) a los docentes que han aprobado el examen. Ahora se incorporarán al negocio los personajes de poder de cada IE. Esto significará el desplazamiento de las recomendaciones (y también de las tajadas de la torta) a las localidades donde existan plazas. Quizá se podrían evitar estas irregularidades efectuando dicha evaluación de manera pública. Es decir frente a todo el personal docente, el alumnado y los padres de familia.

Analizando el fondo del problema, este tipo de situaciones se presentan cuando se trabaja al margen de una política educativa integral y a largo plazo. Convocar a concursos de plazas, sin articularlos a objetivos y acciones globales es abrir la puerta a las irregularidades. Un magisterio regido por más de una ley o régimen de trabajo es también parte de este desorden educativo. La capacitación, evaluación e incentivo a los más talentosos y esforzados educadores, con la importancia que reviste, es sólo parte de un proyecto educativo nacional, que a pesar de existir, no se aplica.

Insistir en que toda reforma seria debe comenzar por brindar condiciones de calidad nutritiva, afectiva y ética a los niños y jóvenes ya parece una redundancia. Sin embargo, la decisión política de seguirla postergando, lamentablemente, nos confirma la maquiavélica intención de mantener a la población deficientemente educada para poderla manipular electoralmente. En esta realidad, luchar por una buena formación, principalmente en los lugares más pobres, es junto a Pablo Freire, asumir la educación como un proceso liberador de estos peruanos excluidos.