Por: César Lévano
El régimen de Alan García se propone pisotear la Ley Universitaria e intervenir lasUniversidades cuando le parezca conveniente. Busca, en otras palabras, imitar al comandante Luis M. Sánchez Cerro, al general Manuel Antonio Odría y al japonés Alberto Fujimori.
Sánchez Cerro llegó a clausurar San Marcos, con el pretexto de que sus alumnos estaban comprometidos en un complot encabezado por el sargento Huapaya. El dictador sabía que eso no era cierto; pero cumplía el mandato de la extrema derecha, deseosa de anular la reforma progresista introducida en San Marcos por José Antonio Encinas, el mejor Rector que haya tenido la Universidad peruana.
Odría, por su parte, antes de asaltar el poder, asaltó como jefe del Ejército, el claustro sanmarquino, ubicado entonces en el Parque Universitario. No se invocó ninguna razón o pretexto. Los tanques violentaron las puertas del centro de estudios, como parte de la acción represiva desatada en respuesta a la subversión aprista en la Marina, el 3 de octubre de 1948. El gobierno civil de Bustamante y Rivero había ilegalizado al APRA.
La intervención Fujimorista se produjo so capa de combatir a Sendero Luminoso, que, según la prensa reaccionaria, se había adueñado de San Marcos. La verdad es que en esa Universidad había alumnos y profesores senderistas, pero eran una pequeña minoría, eso sí, activa y violenta.
Recuerdo que, de resultas de la orden de Fujimori, los militares se instalaron en el campus. En la Facultad de Letras, el entonces Decano Tomás Escajadillo defendió los fueros académicos, mientras que el senderismo lo amenazaba seis veces de muerte. Cierto día, los seguidores de Abimael Guzmán le enviaron como obsequio una elocuente calavera.
En esa etapa, José Saldaña, un camaleónico profesor, iniciaba su acercamiento y sumisión a las autoridades Fujimoristas, después de ser conocido como activista del senderismo.
Estamos ahora ante un intento de hacer retroceder la historia. El Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez amenazó ayer con una modificación de la Ley Universitaria, a fin de que la Policía pueda acceder a las Universidades aunque no exista acción delictiva flagrante. Para la intervención preventiva bastarían, se supone, la sospecha, la delación infundada o las ganas de la autoridad. Es una Doctrina Bush en miniatura.
Otra intervención anunciada es el cambio de la Ley de Partidos Políticos, para impedir la inscripción de terroristas. También esa propuesta abre paso a la arbitrariedad. Merece un debate que contemple peligros y posibilidades.
No se puede proscribir a ciudadanos si han purgado pena por actividades anteriores, salvo que esgriman como bandera la reanudación de crímenes de lesa humanidad, o aprovechen para hacer apología del terrorismo.
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