La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización sindical que representa a cientos de miles de maestras y maestros de escuelas públicas principalmente en los estados más pobres del país: Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Se trata de trabajadores de la educación, de trabajadores al servicio del Estado. Su patrón es el mismo que ordenó abrir fuego contra ellos con violencia homicida. Este conflicto va mucho más allá de la reforma educativa, pero no deja de ser un conflicto laboral.
Para entender lo que está pasando actualmente es útil inscribirlo en el contexto político, económico y social más amplio del sindicalismo mexicano. La historia mínima del movimiento obrero mexicano es más o menos como sigue.
Los obreros participaron en la Revolución mexicana al lado de distintas fracciones revolucionarias, sobre todo al lado de Carranza. Su lucha fue recompensada con la promulgación del artículo 123 constitucional que en su momento marcó la vanguardia internacional: una aportación revolucionaria de México a América Latina y al resto del mundo. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se formó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que quedó integrada formal, orgánicamente al partido de la revolución, luego PRI. Aquí están los cimientos del corporativismo mexicano.
Poco después, en los años cuarenta y cincuenta, este sistema de representación de intereses se consolidó a través del estricto control de la dirigencias sindicales por parte del presidente. Son los años del charrismo sindical, de imponer líderes afines al gobierno, y de mandar al ejército a detener a los rebeldes ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo. Fueron los años de la industrialización por sustitución de importaciones, del desarrollo estabilizador, del Seguro Social y de las clases medias. Luego vinieron los años setenta, marcados por la emergencia de corrientes insurgentes que desafiaron a las dirigencias corporativas; no obstante, la victoria del sindicalismo independiente muchas veces no llegó para quedarse. Luego vino el doloroso ajuste neoliberal de los ochenta y noventa. Tras un primer momento de ajuste y tensión, las relaciones corporativas se adaptaron al nuevo modelo económico y de hecho se volvieron altamente compatibles con éste.
El control del Estado sobre los sindicatos permitió, entre otras cosas, privatizar empresas públicas (principales bastiones del sindicalismo) y congelar el salario real a través de fijar el salario mínimo por debajo de la inflación. Mientras todo esto sucedía, avanzaba la democratización del sistema político mexicano, que tuvo efectos ambiguos y poco generalizados sobre el sindicalismo mexicano.Algunos sindicatos se adaptaron perfecto a la competencia electoral y ganaron muchísima autonomía y poder, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Elba Esther Gordillo. Sin embargo, el PAN de Vicente Fox decidió entenderse con los grandes sindicatos oficiales y mantener intactas las regulaciones sindicales del pasado autoritario, creadas por el PRI y aprovechadas (incluso perfeccionadas, dicen algunos) por el PAN. La democracia no ha llegado al mundo sindical. He aquí un importante problema nacional.
El corporativismo estatal es un sistema de representación de intereses que se basa en la coacción y en el intercambio. El Estado controla las dirigencias y las demandas sindicales: da selectivamente el reconocimiento oficial, jurídico (la toma de nota); autoriza las huelgas y administra la justicia laboral; se hace de la vista gorda cuando hace falta, cuando le conviene. El corporativismo busca subordinar políticamente al movimiento obrero, si bien también implica dar enorme poder a las dirigencias sindicales charras al facilitarles el control sobre las bases, con quienes desarrollan una relación vertical y clientelista.
Los líderes sindicales reciben prerrogativas, puestos de elección popular, beneficios para sus trabajadores representados. Muy fuertes y restrictivas son las cláusulas de exclusión, que obligan a todo asalariado a unirse al sindicato para ser contratado y obligan a la empresa a despedir al trabajador que el sindicato expulse; sólo un sindicato puede ser titular del Contrato Colectivo de Trabajo (de modo que sindicatos espurios, pero reconocidos legalmente, son muy difíciles de superar); todo sindicalizado paga una cuota sindical deducida directamente de su sueldo; el sindicato comúnmente provee a sus agremiados de deportivos y espacios de recreación familiar; suele asegurarles generosas pensiones. La dirigencia sindical oficialista no responde a sus representados, sino a quien lo puso ahí, al Estado. Si los sindicatos no son democráticos, en gran medida es porque el Estado no quiere.
¿Y por qué no quiere? Porque un sindicato subordinado es muy útil, sea para movilizarlo para que apoye alguna medida gubernamental o para que ni se le ocurra protestar. ¿Qué hace sobrevivir al corporativismo en tiempos neoliberales? Sucede que los intereses estratégicos de los actores políticos y económicos alcanzaron un equilibrio político estable que Graciela Bensusán ha llamado “flexibilidad corporativa”: control político para el gobierno, menores costos laborales para los patrones, seguridad para los dirigentes sindicales, precariedad para les trabajadores. Los grandes sindicatos oficiales se han convertido en sindicatos de protección patronal, los cuales tienen origen en una corrupción inaceptable: son aliados con el patrón para evitar las huelgas, aumentar la productividad, impulsar las utilidades empresariales, mientras que los salarios permanecen bajísimos. Todo esto “sirve” para atraer inversiones en una carrera internacional hacia la miseria. He aquí un aspecto central de la economía política del modelo de desarrollo que lleva casi tres décadas en pie y cuyos magros resultados están a la vista de quien quiera verlos. Es la explotación del humano por el humano en pleno siglo XXI.
Muchísimas políticas públicas y regulaciones económicas están dispuestas para alentar la acumulación de capital, la concentración del ingreso. Se ha vuelto parte del sentido común neoliberal pensar que lo que es bueno para los empresarios es bueno al país, porque –se espera– enriquecerlos va a permitirles invertir, crear fuentes de empleos bien pagados; es decir, habrá un goteo de bienestar de arriba abajo, que no ha sucedido y no se ve para cuándo. A su vez, en estos tiempos neoliberales es bastante generalizado “el menosprecio apenas disimulado, la casi hostilidad hacia los grupos menos favorecidos: obreros, trabajadores informales, desempleados, migrantes, sobre todo cuando demandan alguna clase de protección o beneficio”, como dice Fernando Escalante.
Por suerte también tenemos al sindicalismo independiente, muchísimo menos extendido, pero fortalecido por su propia independencia, por no depender del Estado sino de sus bases. El sindicalismo independiente se preocupa antes por los legítimos intereses de sus trabajadores que por los de nadie más. Y está bien, porque los sindicatos justo para eso son: para ser instrumento de organización de los trabajadores que reduzcan la asimetría de poder frente al patrón, sea público o privado. Ser independiente no significa ser radical. Por ejemplo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dirigido por Francisco Hernández Juárez, participó y colaboró exitosamente en la privatización de Telmex; aseguró buenas condiciones laborales a les agremiades y no ha impedido que Carlos Slim sea el hombre más rico de nuestro país. El STRM encabeza junto con el STUNAM y la APSA (pilotos aviadores) la principal confederación obrera independiente: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), creada en 1997, año en que el PRI perdió por vez primera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y falleció Fidel Velázquez, secretario general de la CTM desde 1950.
En los tres sexenios desde la alternancia del año 2000, las tres administraciones han tenido un sindicato independiente enemigo al que atacan y golpean.
Vicente Fox se lanzó contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (en adelante, Sindicato Minero) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. Muchos se acordarán de las órdenes de aprehensión por las presuntas corruptelas que nunca le comprobaron, pero más importantes (e irritantes para los negocios) fueron las numerosas huelgas que emprendió para exigir y conseguir mayores salarios en un momento el que los precios internacionales de los minerales eran altísimos y los empresarios (de los más ricos de México) estaban recibiendo ganancias enormes. Como apunta Francisco Zapata, las huelgas mineras abrieron una situación inédita en el corporativismo mexicano, porque recibieron el respaldo temporal de varios sindicatos oficiales en defensa de su autonomía y el gobierno tuvo que recular.
Gómez Urrutia es un líder con legitimidad indiscutible ante los agremiados y continúa en el exilio político en Vancouver, Canadá. Las autoridades de allá no lo persiguen, sino que incluso
ha participado públicamente en importantes eventos sindicales en Atlanta, Estados Unidos. El Sindicato Minero es un sindicato que defiende exitosamente los intereses laborales de les trabajadores de una de las actividades más prósperas del país. Caso muy distinto es el de buena parte de las empresas de manufactura automovilística de exportación, que son súper boyantes económicamente pero cuyos trabajadores reciben salarios bajos, muy por debajo de su productividad, debido a sus sindicatos oficialistas, aliados al partido gobernante y subordinados a su estrategia económica.
El enemigo de Felipe Calderón fue el Sindicato Mexicano de Electricistas(SME). El gobierno federal dio un combate que ejemplifica bien los mecanismos de control del Estado sobre los sindicatos: negó la toma de nota para limitar a Martín Esparza, un dirigente democráticamente electo –por voto directo y secreto–, y luego la condicionó para negociar el regreso de prerrogativas sindicales (como manejar finanzas millonarias); dividió e intentó desmovilizar al sindicato mediante incentivos selectivos como ofrecer dadivosas indemnizaciones o la recontratación a algunos electricistas que dieran por terminado el asunto; contó con la fuerza pública lista para tomar las instalaciones de trabajo antes del decreto (mientras la selección mexicana jugaba en el Estadio Azteca), y tuvo la capacidad y los medios para desacreditar al sindicato mediante una intensa campaña de propaganda en los medios de comunicación masiva.
En términos estratégicos, fue una movida maestra, una victoria gubernamental absoluta que no mató a nadie por sí misma. También fue dejar sin empleo a más de 40 mil electricistas en un momento de alto desempleo por la crisis internacional de 2008-2009. Electricistas que no tenían nada que ver con los problemas financieros de Luz y Fuerza del Centro, empresa pública que compraba a la CFE la electricidad a un precio más alto que el que estaba autorizada para venderla. Trabajadores cuyo contrato colectivo negociado por el SME les brindaba buenas condiciones laborales, si bien era similar al de los electricistas de la CFE, organizados en el SUTERM, oficialista pero poderoso.
El sindicato independiente adversario del presidente Enrique Peña Nieto es laCNTE –el magisterio disidente–, que es también su principal oposición, más que cualquier otro partido político. A principios de su gobierno, Peña Nieto encarceló a Elba Esther Gordillo –y todo México lo celebró– con el fin de controlar la dirigencia a la vieja usanza corporativa priista (sí, como Salinas a la Quina, líder petrolero, quien había apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cómo se atrevió); disciplinar al SNTE (demasiado empoderado por el panismo) y pavimentar la reforma educativa que vendría poco después y que formaba parte del Pacto por México, ese acuerdo cupular y partidocrático que no se consultó con prácticamente nadie. Si el SNTE fuera independiente, con su millón de maestras y maestros letrados y bien organizados en cada rincón del país, otro gallo cantaría. Estaríamos discutiendo sobre otra cosa, porque desde el principio se habría negociado con el magisterio cualquier reforma educativa.
De la
reforma educativa sólo diré que se caracteriza por ser una
reforma laboral que modifica las condiciones de contratación, promoción y despido de los trabajadores de la educación, es decir, afecta directamente intereses obreros y es plenamente legítimo que las y los maestros no estén de acuerdo y esto no quiere decir que no les interese el futuro de la educación del país. Tener maestros con buen nivel, evaluados y capacitados, parece muy buena idea, casi evidente en sí misma, pero tenemos que escuchar todos los puntos de vista y analizar las diferentes aristas y complejidades del rezago educativo (véase, por ejemplo,
aquíy
acá las fuertes críticas a la reforma de dos académicos) y deliberar qué camino es el mejor para alcanzar el objetivo común, que es mejorar la educación de la infancia mexicana.
Tengamos muy presente que si la niñez de la sierra de Oaxaca tienen mala educación no es tanto culpa de sus maestros, sino de la pobreza extrema, de la desigualdad, de la violencia, de que la escuela no tenga drenaje ni piso firme ni un buen pizarrón.
El nuevo sistema de plazas apunta claramente a mayor flexibilidad del mercado laboral docente –y eso puede ser bueno y/o malo: el diablo está en los detalles–, bajo una visión empresarial de la educación, lo cual sin duda es un componente central del proyecto neoliberal internacional que nos tiene donde estamos. Las instituciones del mercado de trabajo no se limitan a la protección del empleo, sino que también podemos tener en mente seguros de desempleo, esquemas de negociación colectiva más o menos centralizada, apoyos para conseguir otro trabajo, etcétera. La principal molestia de la CNTE con la evaluación está en que es punitiva, tal cual dicen ellos.
Desde una perspectiva fría, de política pública, la formulación de la reforma educativa fue exitosa, tiene plena legalidad, cuenta con apoyo entre la opinión pública. El gran problema: su implementación está siendo extremadamente complicada y ya ha cobrado muertos, porque actualmente la está imponiendo a sangre y fuego la Policía Federal comandada por, pareciera, el sargento Aurelio Nuño, quien de Secretario de Educación sólo tiene el cargo (¡fuera!). La solución pasa por detenerse y negociar, ceder unas cosas y asegurar otras. Hacer política con educación, con empatía, no con violencia ni estigmas. Una propuesta: discutir la reforma educativa y en paralelo un contrato colectivo para las secciones de la CNTE, atendiendo las inquietudes, las particularidades, de modo que lo educativo no se contraponga con lo laboral.
No se nos olvide que el señor presidente de la República no es un poder magnánimo que solito decide o no modificar la ley. El Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional de hacerlo y podría abrir la discusión la próxima semana si así lo quisiera. La reforma educativa es muy delicada y no hay que dar pasos en falso.
Lo que sí podría ir haciendo el legislativo es incluir al sindicalismo en sus afanes anticorrupción y, sobre todo, reformar la Ley Federal del Trabajo para eliminar la discrecionalidad del ejecutivo sobre el registro sindical y las declaraciones de huelga; trasladar la justicia laboral al Poder Judicial (atendiendo
la propuesta del presidente Peña Nieto que muy poco se comentó); mandatar el voto libre y secreto en las elecciones sindicales, respetando su autonomía, y hacer algo contundente con el salario mínimo, que urge que sea más alto que la línea de pobreza (como propuso y argumentó el equipo convocado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con toda la razón de su parte). Las iniciativas de ley en este sentido ya están hechas: las presentó el PRD en colaboración con la UNT hace unos años; valdría la pena desempolvarlas.
Hay que decir con claridad que el mundo sindical está plagado de corrupción y de vicios entre todos los actores involucrados: las dirigencias –la de la CNTE incluida, pero sus líderes Rubén Núñez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, son presos políticos como los hay en Venezuela–, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera. No obstante,
los peores vicios se encuentran en los sindicatos oficiales, en esos dirigentes que se vuelven estúpidamente ricos, como por ejemplo el senador Carlos Romero Deschamps del PRI, líder de los petroleros, quien votó en contra de la #Ley3de3, quien es experto en mantener muy quietos a sus representados (que no dijeron pío por la reforma energética que les afectaba directamente), quien ya encabezaba al sindicato que en 2000 desvió 500 millones de pesos para la campaña priista de Francisco Labastida: el
infame Pemexgate que quedó en la impunidad.
En prácticamente todos los países democráticos existen sindicatos que van a huelga y bloquean las vías públicas cuando sienten que sus intereses están siendo afectados. Sucede en el Cono Sur y también en Europa Occidental. La diferencia es que allá se sientan a negociar y ambas partes terminan encontrándose en un punto medio, mientras que acá se envía a la policía militarizada, con armas de alto calibre, a encontrarse con ellos. Por su parte, la CNTE debería esforzarse mucho más por ganar la simpatía y la alianza de la ciudadanía y dejar de afectar a las familias cuyos infantes atienden a sus clases. El sindicalismo mexicano es muchísimo más débil que el brasileño, que el argentino, que el uruguayo. En esos países la sociedad civil sí tiene poder, no nada más los partidos políticos como en México. No nos sorprenda que en la última década por allá subiera el salario mínimo y el empleo formal, y se redujera más la pobreza y la desigualdad (en otro momento les explico con más calma por qué creo que una cosa lleva a la otra).
El mundo sindical mexicano tiene que cambiar hacia la democracia, el pluralismo, la rendición de cuentas y la transparencia; nos conviene a todos nosotras, por razones económicas, políticas y de justicia. Les trabajadores somos la mayoría: hace falta hacernos escuchar e impulsar nuestros legítimos intereses mediante organizaciones representativas de la sociedad civil, como podrían llegar a ser los sindicatos.
Es mejor que los sindicatos funcionen como grupos de interés en un contexto democrático –al igual que hacen los empresarios y organizaciones como
Mexicanos Primero– en vez de como instrumento clientelar de control político, cómplice de los inmerecidos bajos salarios y la extendida pobreza. Urge desmantelar el corporativismo por el bienestar político y económico de nuestro país. Para ello será necesario y tendría como consecuencia reformar la ley, re-empujar hacia la democracia al sistema político mexicano, revisar la organización política de la economía y transformar la estructura del conflicto distributivo, de la desigualdad.
Me despido con unos comentarios sobre la marcha convocada por la CNTE en la Ciudad de México del viernes 17 de junio pasado, a la que tuve el gusto de asistir. Fue una marcha masiva, alegre y colorida, llena de diversidad. Había muchísimas mujeres con sus niñes; no se nos olvide que las maestras, las educadoras, son mayoría en el magisterio. Había ciudadanes mexicanes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, por nombrar nada más a los que vi. Hubo mucha presencia de organizaciones campesinas. Más de una vez se recordaba a Emiliano Zapata: tierra y libertad. También se encontraban familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa –les pregunté si eran familiares (no eran los únicos cargando sus fotos, reclamando sus vidas) y me dijeron que sí y… fue tanto mi impacto que no supe qué decir, algún comentario de apoyo balbuceé que no se entendió y pues no sé, preferí moverme de ahí, apenado.
La de la CNTE fue una marcha en la que uno iba a mostrar y a agradecer la solidaridad al otro, a decirle que no está solo, que ese apoyo sí se ve, que va a luchar con el prójimo por un futuro mejor. La primera y principal exigencia del magisterio es el diálogo con las autoridades. Amé a unas señoras adultas mayores, muy bien vestidas, enjoyadas, que desde el camellón coreaban las consignas a todo pulmón. Los maestros apelan y respetan el Artículo Tercero de nuestra Carta Magna, que sin duda es uno de los mejores; he ahí un punto de acuerdo, de partida. Fue una marcha ordenada y amable: las y los maestros marchaban en fila; la circulación sobre Reforma dirección Las Lomas estaba completamente abierta a la circulación del automóvil (ese que defiende amargamente su derecho a contaminar el aire de todes); prácticamente todos los comercios estaban abiertos y la gente comía o bebía café con toda tranquilidad, como cualquier viernes por la tarde, con el plus de ver a la gente ejercer sus derechos y escuchar sus protestas y sus tambores. Ah sí, yo me puse a bailar con mucho ritmo con una señora y la gente nos sacó video y toda la cosa (pásenmelo por fa).
El que bloqueó el libre tránsito ese día fue el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con su enorme barrera de granaderos colocada unos metros antes de llegar a Bellas Artes, respaldada por tres vehículos antimotines blindados, que impedían el paso al zócalo, que es de todas los mexicanos. La granaderiza estaba perfectamente ordenada, bien puesta, muy firme. La barrera se extendía por toda la Alameda hasta llegar a avenida Hidalgo. Ya por ahí escuché que los policías respondían, en bola pero sin romper filas, los insultos clasistas y reprobables de una manifestante solitaria. Cuando me acerqué, apoyado por el mini megáfono que me empoderaba, se callaron. Los granaderos me veían con curiosidad y uno me saludaba con la mano, sonriendo. Yo le mandé un beso y le dije que qué guapo y me contestó que muchas gracias y pues ya, tampoco iba a acercarme a pedirle su número (¿o sí?).
La vanguardia de la CNTE no insistió en absoluto en continuar hacia el zócalo e hizo su mitin ahí mismo, sobre avenida Juárez. Hablaron varias personas y alrededor de las 20:30 todos nos retiramos pacíficamente del lugar. Con esa experiencia, al menos yo no esperaba lo que sucedería en Nochixtlán, Oaxaca, dos días después (léanse las
crónicas de
Animal Político), pero ahora lo tenemos muy claro y no se olvida. Que todo México se entere que fue una marcha preponderantemente popular, con gente del campo, del México rural que lleva siglos viviendo en pobreza extrema, en desigualdad histórica, y que tenemos olvidado. ¡Basta de estigmatizar a les trabajadores de la educación, a les sindicalistas! ¡Alto a la represión! El privilegio está en otra parte y no es muy difícil adivinar en dónde.
¡De Chiapas a Sonora con la Coordinadora!
* Santiago Álvarez Campero estudió la licenciatura en Política y Administración Pública en El Colegio de México (el autor aprovecha para agradecer a sus maestras y maestros que le enseñaron casi todo lo que sabe y a las secretarias del CEI que hacen su vida mucho más sencilla). Su tesis se titula “Los orígenes políticos de la desigualdad económica. Democracia y sindicalismo en México y Argentina”. Quiere convertirse en un trabajador asalariado protegido por el artículo 123 constitucional antes de continuar estudiando.
Bibliografía recomendada (nota: todos los links llevan al texto completo de libre acceso):
Fernando Escalante Gonzalbo, Historia mínima del neoliberalismo, México, El Colegio de México, 2015.
Francisco Zapata, Historia mínima del sindicalismo latinoamericano, México, El Colegio de México, 2013.
Graciela Bensusán, “Las reformas laborales y el corporativismo mexicano: alternativas en Europa y América Latina”, en Ilán Bizberg (ed.), México en el espejo latinoamericano. ¿Democracia o crisis?, México, El Colegio de México – Fundación Konrad Adenauer, 2010, pp. 297-358.
Ilán Bizberg (coord.), Variedades de capitalismo en América Latina: los casos de México, Brasil, Argentina y Chile, México, El Colegio de México, 2015.
Luis Felipe Munguía Corella, “Productividad y salarios en la industria mexicana”,
Paradigmas, julio de 2014, disponible
aquí y “Salario mínimo, utilidades máximas y sindicalismo charro”, disponible
acá.
