Investigación realizada por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación aborda el impacto de la privatización de la educación y reitera que Chile tiene el sistema más segregado entre los países que rinden la prueba PISA, además de uno de los más desiguales en el acceso a una educación de calidad, subrayando que “el sistema educativo ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales”. Además plantea que las reformas presentadas por el Estado del 2006 a la fecha no han buscado cambiar esta realidad.
Por: Nicolás Sepúlveda
De entre los 65 países que utilizan la prueba PISA –que mide los conocimientos de los estudiantes de países pertenecientes a la OCDE–, Chile aparece con el sistema de educación más privatizado y segregado, según un informe preparado por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación, que junto a otras organizaciones está exponiendo esta semana frente a la ONU.
Además de analizar los orígenes del actual sistema de enseñanza –durante la dictadura y bajo el influjo de las ideas de Chicago–, el informe realizado por la ONG que se especializa en temas educativos junto a organizaciones internacionales y mediadores de la ONU, aborda una serie de estudios que en los últimos años se han realizado en el país, y que han arrojado cifras interesantes, como que el 87% de las familias chilenas solo consideran “escuelas frecuentadas por alumnos con características socioeconómicas similares”, evidenciando la agudizada segregación del modelo chileno.
Sobre la privatización del sistema, el estudio no deja espacio a dudas. Además de la mayoritaria gestión privada de la educación –con una matrícula bajo control privado que llega al 60%, en contraste con el 18% de los países OCDE–, se afirma que Chile es el país donde el financiamiento privado de la educación tiene mayor peso. Según los datos entregados, el 40% del gasto en educación en Chile proviene de privados. Lo que se intensifica en la educación superior, donde esta cifra se dispara a un 76%.
La segregación es una de las principales consecuencias de la privatización del sistema, afirma el informe, el que asegura que el 70% de los estudiantes de escuelas municipales son de escasos recursos y el 75% de los alumnos de escuelas privadas son de hogares con mayores ingresos. Por lo mismo, agrega que Chile tiene “el sistema que es el más segregado por la situación socioeconómica dentro de los 65 países analizados por PISA”.
De hecho, el grado de integración socioeconómica –que mide la diversidad socioeconómica de la población dentro de las escuelas–, es inferior al 50% en Chile, mientras los países miembros de la OCDE promedian 74%, y Noruega y Finlandia alcanzan 89%.
La exagerada estratificación y segregación de la educación se refleja en los resultados que los distintos tipos de escuela obtuvieron en la medición PISA 2012 de matemática, donde los municipales llegaron a un promedio de 390, frente a 424 de los subvencionados y 503 de los particulares.
“Más caras y menos reguladas son las escuelas, más se llevan a los niños procedentes de entornos socioeconómicos favorecidos, que se desempeñan mejor en las pruebas, lo que lleva a una situación muy estratificada, donde no sólo los niños con antecedentes similares están juntos en escuelas similares, sino también los mejores alumnos estudian juntos en escuelas similares, usualmente de pago, mientras que los con el desempeño más bajo se separan en las escuelas subvencionadas por el Estado, las más baratas o las gratuitas”, reza el informe.
La desigualdad del sistema de educación chileno también es resaltado, al indicar que la diferencia de 23,1% en el rendimiento de los alumnos frente a la prueba PISA de matemática puede entenderse por el distinto estatus socioeconómico de los estudiantes, lo que es muy superior al promedio OCDE, que llega al 14,8%. Es más, entre los 65 países testeados por PISA, Chile solo es superado en desigualdad por Perú y República Eslovaca.
La selección es otra de las consecuencias que, se acusa, son responsabilidad de un sistema privatizado. Tomando datos de los indicadores OCDE sobre educación 2014 y de la investigación realizada por E. Treviño, F. Godoy y F. Salazar –“Prácticas de selección en el sistema escolar chileno”–, el informe entrega algunas cifras clarificadoras.
El 35,5% de los padres que postularon a sus hijos a un colegio municipal, el 42,6% que lo hizo a un particular subvencionado y el 33,9% que lo hizo a un privado, declara haber entregado las notas previas de sus hijos para esa postulación. Mientras que el 31,1% de quienes postularon a un privado declaran haber presentado un certificado de bautizo o de matrimonio. Esa cifra cae a un 13,7% en el caso de los subvencionados y a un 0,6% en los municipales.
Al respecto, el informe declara que: “Las escuelas privadas subvencionadas por el Estado y las escuelas privadas independientes piden más requisitos que las escuelas públicas. Por lo tanto, además de seleccionar naturalmente los alumnos que proceden de entornos privilegiados –familias que pueden pagar por las tasas, que viven en barrios de mayor poder adquisitivo, cuyo capital social les permite tomar decisiones en base a mejores informaciones–, la estructura del sistema y lagunas de la ley permiten a las escuelas privadas seleccionar los mejores niños y/o más favorecidos. De hecho, no sólo el marco legal, revisado en 2009, perpetúa el sistema de selección, sino que también lo legitima”.
¿REFORMAS?
El informe da cuenta de las masivas movilizaciones que se han producido en Chile del 2006 en adelante, indicando que la desigualdad educativa es una de sus principales razones. Por lo mismo, analiza las reformas que desde los diversos gobiernos se han lanzado para intentar mejoras al sistema.
“Estas reformas no abordaron algunos de los temas centrales relacionados con la privatización de la educación. De hecho, son los intentos del Gobierno para corregir las fallas del mercado mediante la creación de incentivos externos para que las escuelas compitan y sean más eficientes, y por lo tanto para reforzar y salvar el sistema”, se asegura.
Es más, se plantea que las reformas presentadas del 2006 a la fecha no han buscado cambiar la privatización del sistema: “Estos cambios no han modificado la estructura general privatizada del sistema que está causando la segregación y la discriminación en violación del ICESCR (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la ONU). Como se mencionó anteriormente, las leyes que se aprobaron después de las protestas de 2006 no tocan los principios en que se basa el sistema educativo del Estado Parte (Chile), y que tienen altos impactos discriminatorios: subvención pública (sistema de bonos), elección de los padres, el pago compartido, selección, etc”.
El secretario ejecutivo del Foro Chileno por el Derecho a la Educación, René Varas, explica que el informe se estará presentando durante toda esta semana a la ONU, con miras a la recomendación que el organismo internacional deberá hacer a nuestro país en junio próximo: “Se está presentando este informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Un informe sobre las terribles consecuencias de la privatización en Chile, sobre las discriminaciones que sufren los estudiantes en Chile, que los distribuye en distintos tipos de escuelas según su ingreso socioeconómico”.
De acuerdo a Lucy McKernan, del servicio de enlace de la ONU con estas organizaciones, el modelo chileno es un experimento que puede marcar un precedente a nivel internacional, ya que “ningún Estado llegó tan lejos como Chile en materia de privatización de la educación, y por eso el sistema chileno nos informa sobre el impacto en el largo plazo de la privatización. Si el CDESC (Comité de Derechos Sociales de la ONU) plantea cuestiones sobre el sistema chileno, también enviará un mensaje fuerte a otros países, en un momento en que muchos Estados están privatizando su sistema educativo y eludiendo así sus responsabilidades”, indicó.
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