Cumbre alternativa se inició con testimonios de comuneros víctimas. Entre las ‘acusadas’ figura la minera Río Blanco, ex Majaz.Mujeres y hombres indígenas protagonizan sobre un estrado acostumbrado a discursos oficiales un pago simbólico a la tierra con hojas de coca, incienso y rezos en quechua. A escasos minutos del centro de Lima, el mundo de los Andes ha dejado correr sus códigos, rituales y leyes en una plataforma paralela al cónclave de presidentes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea: la Cumbre de los Pueblos.La tercera edición de esta reunión se inauguró al mediodía en el Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería, ante un auditorio abarrotado que tuvo horas más tarde como principal actividad la instalación del Tribunal de Los Pueblos, corte de carácter no vinculante ante el cual desfilarán representantes indígenas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y partidos de izquierda, para ofrecer sus testimonios como víctimas afectadas por actividades de empresas transnacionales de Europa.
Con la misma dinámica de una Comisión de la Verdad, solo que esta vez se trataba de voces de diversos países de América Latina, cada testigo pasaba al frente a contar lo que vio, sintió, padeció o se calló.
LA LISTA JUZGADA
En total son 20 compañías, todas con operaciones importantes en América Latina, las que serán puestas en el banquillo por presunta violación de derechos fundamentales a comunidades indígenas, trabajadores y población vulnerable.Tres de ellas funcionan en Perú y serán demandadas ante el Poder Judicial, según el coordinador de la Cumbre de los Pueblos, Miguel Palacín.Una de las empresas que serán juzgadas luego de conocerse el veredicto del Tribunal de los Pueblos el viernes 16, es la minera Río Blanco Copper (ex Majaz), que cuenta con capitales de Inglaterra y realiza actividades en las alturas de la región Piura pese a que las comunidades campesinas la acusan de contaminar el medio ambiente y desplegar políticas represivas.También se 'enjuiciará' a la empresa agroalimentaria Camposol, perteneciente a la noruega Dyer, por despedir arbitrariamente a trabajadores organizados en sindicatos; así como a la compañía alemana de agroquímicos Bayer.
A esta última empresa se le acusa del envenenamiento de 44 niños cusqueños que murieron luego de ingerir un alimento que contenía uno de sus productos plaguicidas."Este es un tribunal de ética dado que muchas transnacionales están blindadas por algunos Estados. Esto es un llamado de atención ante mecanismos de violación de derechos, de la legislación nacional e internacional", señaló Palacín.En ese sentido, dijo el coordinador de la cumbre, se juzga a las compañías para remitir las conclusiones a los gobiernos a donde pertenecen. Lo que seguiría es comenzar una denuncia en el tribunal ordinario.Explicó que toda la documentación legal y los testimonios que recaude el Tribunal de los Pueblos servirá de base para presentar los casos ante la justicia peruana.El secretario general de esta corte, el italiano Gianni Tognoni, resaltó la formación diversa y probidad de sus integrantes. Informó que son ochenta especialistas, entre abogados, sociólogos, economistas y otros profesionales de diversas partes del mundo, que resuelven casos a partir de su experiencia en defensa de los derechos humanos.Esta vez se quiso enfatizar que "el crecimiento económico muchas veces llega a los países con la vulneración de sus derechos", agregó. Leer nota completa
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