Aunque el artículo 139 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM señala que “los servidores públicos están prohibidos de patrocinar intereses de particulares, ya sea como abogados, apoderados o árbitros en procesos judiciales o administrativos contra el Estado y cualquiera de sus empresas”, hoy La Industria pone en evidencia a dos docentes nombrados en colegios estatales, quienes a la par de ostentar el título de Derecho, han emprendido demandas contra el Estado y, por ello, fueron denunciados ante el Ministerio de Educación.
De espaldas a la ley Uno de ellos es Julio Ignacio Britto Quiñones ¬¬—nombrado como docente de nivel secundario en la institución educativa Fe y Alegría, del distrito La Esperanza, con una carga laboral de 24 horas—, quien en varias oportunidades patrocinó a maestros, directores de colegios y educadores de nivel superior en procesos disciplinarios entablados por la Gerencia Regional de Educación (Grell) y Ministerio Público para investigar presuntas irregularidades cometidas por los investigados.
Las demandas interpuestas por Britto Quiñones en contra de la Grell y Fiscalía figuran en los expedientes: 590946-563678 de fecha 11 de abril de 2012; declaración de Olga Díaz Chávarry (exdirectora del Conservatorio Regional de Música, acusada de ‘dobletear’ en horas de trabajo en la entidad superior) ante el Ministerio Público, de fecha 13 de mayo de 2011; cédulas de notificación al Ministerio Público (23 y 28 de setiembre de 2011); oficio N° 4831-2011-GRLL-GGRSE-CPA (21 de noviembre de 2011); entre otros.
Otro jurista que ha sido denunciado ante el Ministerio de Educación es Jesús Rey Anastacio Querevalú, quien además de estar inscrito como jurista en el Colegio de Abogados de La Libertad, es profesor de secundaria nombrado en el centro educativo Carlos Manuel Cox Rosse (La Esperanza) y coordinador de OBE de dicho plantel, con una jornada laboral de 40 horas.
Él asesoró procesos judiciales en contra de la Gerencia Regional de Educación, tal y como se puede observar en los expedientes: N° 31183-2012-JR-LA, 0219 (ingresado el 1 de abril de 2011 al plantel Divino Maestro); N° 009817, 006609, 009651, 16650 y 82142 ingresados a la Comisión de Procesos de la Grell, en defensa de sus patrocinados.
Ojo a la norma Por otro lado, como antecedente que refuerza las denuncias, el 18 de abril de 2010, la fedataria del Ministerio de Educación, Bertha Cárdenas Álvarez, remitió el oficio N° 3364-2010-ME-SG-OGA-UPER dirigido al entonces director regional de Educación de Junín, José Antonio Caro Meléndez, confirmando que “un profesor nombrado, que cuenta con título de abogado y que labora en cualquier institución educativa estatal, está prohibido de asesorar y litigar en contra del Estado”.
“Esto significa que no puede patrocinar a docentes en el estamento administrativo y judicial, incurriendo en responsabilidad administrativa pasible de sanción”, se puede leer en el documento oficial.
Fuente: La Industria
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